Chile, al igual que varios países, se encuentra comprometido con esta causa, implementando diversas acciones acelerando el progreso hacia el objetivo establecido por la meta 8.7 de los ODS de poner fin al trabajo infantil en todas sus formas para el año 2025.
Como Vicaría de Pastoral Social Caritas estamos comprometidos con aquellos más vulnerables y excluidos, desde la opción preferencial por los más pobres. Es en la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes trabajadores y sus familias que hemos podido encontrar estos rostros sufrientes, a quienes desde hace más de 20 años hemos acompañado en un tránsito hacia la erradicación progresiva del trabajo infantil, trabajando con las familias y las comunidades locales.
En estos años hemos visualizado que, si bien esta realidad es multicausal, una de las principales causas continúa siendo la precariedad y/o ausencia de trabajo estable en los adultos del grupo familiar, accediendo a empleos con bajos ingresos y/o de carácter temporal. Esto lleva a las familias a buscar distintas estrategias de supervivencia, una de éstas es el ingreso de los niños y niñas al mundo laboral para contribuir a la economía familiar. Resulta fundamental abordar esta situación, más aún en el contexto que estamos viviendo a raíz de la actual crisis sanitaria y económica, ya que se estima que las cifras de trabajo infantil aumentarán considerablemente, debido al desempleo y a que el comercio informal está siendo hoy y será una manera de subsistencia en miles de familias, pudiendo incorporarse los niños, niñas y adolescentes a éste.
Uno de los grandes avances que como país podemos mencionar es la entrada en vigencia de la Ley 21.271 que adecúa el Código del Trabajo en materia de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el mundo del trabajo, podemos evidenciar en la protección de Derechos de la niñez y juventudes, ya que esta aprobación del Reglamento determina las actividades consideradas como peligrosas para niños, niñas y adolescentes e incluye directrices destinadas a evitar este trabajo, dirigidas a empleadores y establecimientos educacionales, de tal manera de proteger los derechos de los adolescentes con edad para trabajar.
Todos los esfuerzo en este ámbito son fundamentales, nos parece que, con esta adecuación, podemos avanzar en el compromiso que como país hemos hecho con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), en su punto 8 que promueve el crecimiento económico sostenido y el trabajo decente, haciendo especial énfasis en el 8.7, que nos obliga a adoptar medidas para que en 2030 erradiquemos el trabajo forzoso, la esclavitud y la trata de personas y para el 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Como país, tenemos cifras alentadoras hasta la última EANNA (2012), pero en este contexto de crisis sanitaria y crisis socio-económica, creemos que podemos fallar en este cometido, si no disponemos de recursos frescos para la intervención directa.
Cada vez somos más las instituciones con el sueño común de que los niños y niñas no tengan que trabajar, la erradicación de esta realidad es aún una tarea pendiente y una meta al 2025 que tenemos como país, Estado y como sociedad civil, de la cual no estamos ajenos, para ello, es necesario redoblar los esfuerzos, las iniciativas y estrategias para lograr alcanzar esta meta, más aún en el contexto actual en el que estamos viviendo, donde los niños, niñas y jóvenes una vez más pueden ser invisibilizados y pueden ver sus derechos vulnerados. Es por esta razón que es sumamente importante continuar con este camino de acompañamiento, visibilizando y sensibilizando entorno a la realidad del Trabajo Infantil.
Mónica Ruiz, coordinadora Línea Niñez y Juventudes.
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